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Frente al COVID-19:

Anfupatrimonio exige salvaguardar la salud y empleo de todos los trabajadores del Servicio.

 

Asegurar las condiciones sanitarias y laborales del personal de seguridad que cumple funciones presenciales en esta grave crisis sanitaria del COVID-19, como asimismo, garantizar la continuidad del personal a honorarios y externalizado del Servicio, fueron las principales demandas expuestas hoy al Director Nacional del Servicio, Carlos Maillet, por parte del directorio de Anfupatrimonio a través de una video conferencia.

 

Anfupatrimonio solicitó a la autoridad la adopción de todas las medidas administrativas, financieras, laborales y sanitarias que permitan implementar en forma correcta, las disposiciones señaladas para resguardar la integridad del personal de seguridad patrimonial y externo de aseo; como asimismo, en el entendiendo que estamos viviendo una contingencia ocasionada por la grave crisis sanitaria, y que las medidas que se están implementando serán aplicadas de acuerdo a la realidad particular de cada área, región y unidad de trabajo, propuso y solicitó una serie de medidas, recalcando que nadie puede ser obligado a realizar trabajo remoto si no cuenta con las condiciones tecnológicas propias y si, en ese caso, el Servicio no se las provee.  Carta a Director Nacional SNPC sobre Resolución y Plan de Contingencia.

 

En la reunión virtual, que contó además con la presencia de los asesores del Director Nacional en materia jurídica, personal, presupuesto y finanzas, se informó que dado el complejo escenario sanitario nacional, y en virtud del requerimiento de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda OF. CIR. N 11- Hacienda , el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural debió rebajar 1.671 millones de pesos, equivalentes al 2,2 por ciento de su presupuesto total, lo que implica la cancelación y/o recorte de viáticos, pasajes, horas extras, publicidad, compra de libros y obras de artes, entre otros activos. Sin perjiuicio de ello, Carlos Maillet indicó que esta situación no debiera afectar los sueldos y/o empleabilidad de los funcionarios y trabajadores.

 

Al respecto, resulta procedente según dictamen de la Contraloría General de la República oficio 6854-20 CGR, en lo inmediato, el pago de servicios permanentes (aseo, guardias y similares) que no han podido prestarse producto del cierre de oficinas públicas ante la situación sanitaria producida por el Covid-19, siempre que el proveedor acredite que se mantiene pagando las remuneraciones y cotizaciones de sus trabajadores.